TRANSANTIAGO.

TRANSANTIAGO.
Por Héctor Vega*  
      
El Plan Transantiago ha sido la obra de 6 socios: el gobierno licitador; los concesionarios dueños de los buses; el administrador financiero (AFT); la empresa Transantiago Informa; las empresas constructoras de infraestructura (paraderos y servicios de acceso) y el Metro.

Hubo un séptimo convidado, intelectual si se quiere, y que a decir verdad no necesitaba        presentación alguna pues desde poco más de 33 años es el asociado obligado de todas las citas de la comunidad chilena: el mercado. Este último, con su lógica infalible, algunos precisan, científica, arreglaría cualquier entuerto, carencia u olvido.

Quedaron fuera: el público y los conductores.

Nunca nadie le preguntó al público su opinión sobre los nuevos recorridos y menos siquiera hubo interés por conocer las medidas necesarias para paliar el mayor costo. Lisa y llanamente se dio por asumido que las nuevas tarifas no tendrían incidencia en el bolsillo familiar. Tampoco hubo mayores estudios acerca de cómo se iba reemplazar el sistema del "boleto cortado" y la institución de los "sapos", que aseguraba a los conductores del antiguo sistema un salario adicional al misérrimo fijo pagado por los empresarios de la locomoción. Recordemos que los conductores de la línea Buses Metropolitana, del empresario Manuel Navarrete, ya han protagonizado dos paros por el incumplimiento de promesas de sueldo por sobre los $ 400 mil. Otros conductores de otras líneas – recordemos que existen en el nuevo sistema 10: 4 extranjeras y 6 chilenas – ya manifestaron su inquietud por los bajos salarios prometidos.        

Según el Instituto Nacional de Estadísticas [INE] la ponderación en la canasta del IPC, de la tarifa del bus se mantendrá en 2,7%. Eso siempre que la tarifa no suba. Lo cual no parece evidente cuando en lugar de utilizar 1 bus para el recorrido habrá que utilizar 2 o 3, por ejemplo un troncal y dos locales (o alimentadores). Notemos, que el Director del INE ha declarado que se trabaja sobre la tarifa pero se mantiene la ponderación. Lo cual significa que se asume que la tarifa no variará.

¿Qué pasa si la tarifa sube y se conserva la misma incidencia sobre la inflación?

O bien, el gobierno asume la equivocación y pagan los usuarios, o bien entramos a explicar lo inexplicable. Quiero decir pagamos más pero la inflación es la misma. Desde luego, no podemos suponer la mala fe de parte de la autoridad, pero no resisto a la tentación de dar a conocer a la ciudadanía lo que otros gobiernos en el pasado hicieron para cuadrar la situación. Simplemente la ponderación que le quitaron al rubro que subió de precio, se la agregaron a un rubro con escaso consumo. Con ello, subió la tarifa pero la inflación se mantuvo.

A casi 10 días de la experiencia el balance es neto y preciso: (a) faltaron buses, con lo cual se alargaron los tiempos de espera; (b) faltaron estacionamientos y vías de acceso; (c) en algunos casos los validadores de las tarjetas BIP no funcionaron o bien marcaron en exceso pues pese a los anuncios de la autoridad – válidos hasta el mes de Agosto de 2007 – en el caso de viajes fraccionados (troncal a local y viceversa) dentro de los 90 minutos reglamentarios, adicionaron a los $ 380 iniciales, otros $ 380 con lo cual el viaje tuvo un costo total de $ 760, en lugar de los $ 380 anunciados; (d) no dispongo de información respecto a la validación del Metro en el caso de estos mismos recorridos fraccionados, pero lo que sí puedo advertir, es el retardo con que se tomó la medida de abrir las puertas del servicio a las 6 AM en lugar de las 6.30 AM dada la afluencia de público. No descarto pues, otros retardos respecto al pago de los recorridos fraccionados, ya sea en los buses, o de estos en combinación con el Metro; (e) agreguemos que aún existe una incógnita respecto al fraccionamiento de la Multivía en el caso de los adultos mayores. ¿Cómo operará en definitiva?

No en vano han pasado más de 33 años desde que en Chile impera la ley del mercado. 33 años en que se desterró una palabra maldita: planificación y un actor vilipendiado: el Estado.

SONDA, el brazo computacional del Administrador Financiero (AFT) reconoció públicamente que trabaja en el software y adicionales desde hace 4 años. Suponemos que en estrecha combinación con los dueños del dinero que administran la parte financiera del Transantiago: Bancos de Chile, del Estado, BCI, Santander Santiago y CMR Falabella. Pues bien, resulta inexplicable que en 4 años no exista una planificación entre quienes venden y recargan el BIP; el cobro del pasaje en los buses y el ente recaudador de las platas por concepto de pasajes en el Metro y en los buses. Estoy seguro que existe una coordinación en las etapas mencionadas pero lo que no estoy seguro es el grado de realización del programa. Más claro todavía. Tú puedes ser        eficiente en 60% de los pasos previstos, pero si te falta un 40%, o un 10%, o un 5%, basta ese tanto, para que el resto quede invalidado. En términos prácticos tú no sacas nada con tener tú tarjeta BIP si los buses no tienen validadores, o si el programa de tarifas fraccionadas no funciona, o más aún si la distribución de ingresos no llega correctamente a los actores del sistema.

El gobierno hace tiempo que perdió la brújula. Confundió la planificación con la atribución de funciones en múltiples reuniones y cabildeos. Los profesionales y técnicos de los ministerios se transformaron en meros contralores de estudios o trabajos en terreno, concesionados. Olvidaron, al igual que sus patrones – ministros, jefes de servicio y de departamento – meter las manos en cosas sustanciales y también en el barro. El Presidente de la República, o la Presidenta en su caso, olvidaron que los tiempos políticos (o politiqueros) no son los tiempos de los usuarios; los Presidentes transformaron su agenda en una cartelera de inauguraciones y visitas a terreno. Visitas absolutamente inútiles sobre todo si se considera el montaje de que son objeto.

Esta burbuja de autocomplacencia en la cual viven los dirigentes desde hace más de 33 años – 16 en dictadura y ya casi 17 bajo la Concertación – arriesga a la autoridad de turno a que le estallen en la cara conflictos que bajo los parámetros actuales no tienen solución. Un gobierno que no tiene en sus manos la planificación de las operaciones, peor aún que las delega, sin supervisión efectiva, confiando en multas que ni siquiera representan el 0.1% de la licitación; que se rehúsa a enfrentar al pueblo usuario y los problemas sociales que debe resolver; es un gobierno que no merece el respeto de la ciudadanía y menos aún su confianza política.

Director de Fortín Mapocho
www.fortinmapocho.com